El pasado verano, una niña de diez años y su hermano, de ocho se convirtieron en los protagonistas de uno de los sucesos más terribles del año: un hombre secuestró a los dos pequeños en Torrelaguna (Madrid), agredió sexualmente a la cría y arrojó a los dos hermanos a un pozo, donde habrían muerto de hambre y de sed si no hubiese sido porque el azar hizo que dos jóvenes pasasen por allí. Esta semana contamos en Interviú quién es Juan José Ramos Amador, alias El Chele, y adelantamos que el análisis de su ADN ha permitido imputarle un nuevo delito: el secuestro y la agresión sexual a una niña de ocho años, cometido en Madrid en 1999. Amador pasó diecisiete años en prisión por un delito sexual y salió de la cárcel en 1997. Es padre de tres hijos y se dedicaba a recoger chatarra y a delinquir, algo que lleva haciendo desde los dieciocho años.
La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid logró detener a Juan José Ramos dieciocho días después de los hechos, en una brillante operación y gracias al trabajo de los psicólogos del Servicio de Análisis de Conductas Delictivas del Instituto Armado, que sacó de la pequeña toda la información precisa para identificar al agresor. Toda la historia, esta semana en Interviú.
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Los contactos de la mafia de la noche, esta semana en Interviú
Hace unas semanas contábamos en Interviú que algunos de los encartados en la operación Edén habían logrado sentarse con altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha como parte de su estrategia para hacerse con la explotación de la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real y de esa manera introducir en España miles de kilos de cocaína de manera segura. Esta semana contamos que otros implicados presumían de tener contactos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los juzgados de vigilancia penitenciaria…
Las conversaciones entre Alfonso Taborda y David Lozano –implicado en el asesinato en 1999 de Víctor Pozo, que estuvo once años huyendo de la justicia– resultan, cuanto menos, inquietantes: en ellas se habla de pagar un millón a un magistrado del Tribunal Supremo, de reuniones con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de compra de testigos… Los responsables de la operación Edén sí han acreditado que varios testigos de los que acudieron al juicio en el que se condenó a 25 años a David Lozano fueron comprados o presionados por los lugartenientes de Lozano. Así lo ratificó el pasado 24 de noviembre un testigo protegido, que aseguró que le ofrecieron 60.000 euros para que declarase a favor de Lozano. El dinero –según dijo ante el juez– llegaba del abogado de Lozano.
Los letrados que defendieron a David Lozano en el juicio por la muerte de Víctor Pozo fueron Javier Gómez de Liaño, ex juez de la Audiencia Nacional, y Dolores Márquez de Prado, ex fiscal del mismo organismo. Lozano pagó, siempre según las conversaciones intervenidas, 300.000 euros por su defensa, que no sirvió para librarle de una condena de 25 años. Ahora, su última oportunidad radica en el Tribunal Supremo, hasta donde los mafiosos aseguran haber llegado comn sus tentáculos. Tenéis todo en la revista Interviú de esta semana.
Assange, de Mesías a villano
Lo he escrito en este mismo blog hace ya tiempo: no me gusta Julian Assange ni su ¿organización?, Wikileaks. No me he sentido nunca fascinado por este personaje, convertido en Mesías del derecho a la información y en salvador del periodismo por muchos medios que le entronizaron y llenaron centenares de páginas con sus cables. Medios tan respetables como El País o New York Times contribuyeron a agigantar la figura de Assange: reprodujeron en sus medios miles de comunicaciones filtradas por Wikileaks, que fueron pulidas, editadas y revisadas para evitar que en ellas se colase alguna información sensible, como nombres de confidentes o colaboradores. Pese al celo y la profesionalidad de los periodistas que trabajaron en la edición de esos cables –que no pongo en duda–, se deslizaron algunos datos que no debían haber trascendido nunca. La difusión de algunas de las comunicaciones que hacían referencia a procedimientos contra la mafia rusa en España provocaron ciertos disgustos en medios policiales y, sobre todo, judiciales, porque allí aparecían nombres que no debían conocerse.
En aquellos días, desde Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y otros muchos países se decía que Assange y los suyos estaban poniendo en peligro la seguridad de mucha gente. Los defensores de Wikileaks bramaron y pudieron, una vez más, poner en EEUU su foco y personificar allí el mal: «Assange está perseguido, la CIA ha puesto precio a su cabeza», clamaban. «Temo ser asesinado», decía el mártir… Naturalmente, la acusación de violación por parte de dos mujeres se enmarcaba también en esa campaña, que tildaba de montaje los cargos, y hasta de colaboradoras de la CIA a las supuestas violadas.
Ahora, Wikileaks ha anunciado que publicará 250.000 cables sin editar, a pelo, con nombres y apellidos de personas que colaboraron, por ejemplo, en la eliminación de terroristas o en operaciones militares de alto riesgo, lo que le ha costado la condena de los mismos medios que hace meses le entronizaron. Recuerdo esos reportajes de El País, en los que Assange relataba desde su confinamiento –en la mansión de un amigo– en Londres el infierno en el que se había convertido su vida o como el mismo diario se refirió a él como «El hombre que hizo temblar el Pentágono» en una entrevista en la que aseguraba que quería luchar «contra los abusos del periodismo».
A Assange nunca le ha interesado la seguridad de ningún informador, ni siquiera le ha interesado la libertad de información. A Assange le ha interesado solo el propio Assange. Es un megalómano de manual, investido de un aire mesiánico y justiciero. Una de las personas más comprometidas que conozco con la transparencia informativa y las leyes de acceso a la información, mi compañero de Interviú Daniel Montero, me lo dijo un día hablando del tema: «Wikileaks no debería tener un rostro y un nombre con el que se le identifique. Así pierde la esencia de lo que debe ser». Daniel es más joven, mejor periodista, mejor persona y por eso, seguramente, creía en Wikileaks y su sagrada misión de desenmascarar a los malvados gobiernos del mundo por la vía de la filtración informativa. Yo sigo prefiriendo el periodismo clásico: el del periodista armado con libreta, ingenio, agudeza y mirada crítica, poseedor de valiosas fuentes y con la preparación y los códigos suficientes para saber lo que se puede publicar y lo que no se puede cuando se hace con una documentación valiosa sin necesidad de mesías. Ese es, precisamente, el periodismo que hace Daniel Montero.
El informe del CSI de Tráfico sobre el accidente de Ortega Cano, en Interviú
José Ortega Cano circulaba a 123 kilómetros por hora cuando, el pasado 28 de mayo, estrelló su coche contra el de Carlos Parra, que resultó muerto en el sinestro. Esta es la principal conclusión a la que llega el informe elaborado por los expertos del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Agrupación de Tráfico (ERAT), entregado el pasado 19 de agosto en juzgado de Sevilla que instruye el caso y parte de cuyo contenido adelantamos esta semana en Interviú.
El informe de este CSI de los accidentes, que cuenta con sofisticadas herramientas para reconstruir siniestros de tráfico, apunta a que este exceso de velocidad fue la causa principal del suceso –la velocidad máxima permitida en la vía era 90 kilóentros por hora–. Acerca de la tasa de alcohol que el torero llevaba en la sangre, el informe del ERAT se limita a reflejar los resultados de la prueba realizada a Ortega cuando llegó al hospital sevillano Virgen de la Macarena. El herido presentaba una tasa de 1,26 –muy por encima de lo legal–, tal y como adelantó Canal Sur.
Con este informe de la Guardia Civil y con los testimonios recogidos en la instrucción, el juez decidirá si llama a Ortega Cano como imputado y por qué delitos. Conducir bajo los efectos del alcohol se castiga con penas de tres a seis meses, pero si la acusación es homicidio imprudente, la condena podría llegar hasta los cuatro años. Tenéis todos los detalles en el Interviú de esta semana.
La Operación Galgo es un mal trabajo, pero no es una conspiración
El pasado mes de enero, accedí al sumario de la operación Galgo. Me sorprendió desde la lectura del primer folio, en el que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaban a la jueza instructora la intervención de unos cuantos teléfonos, entre los que estaba el de Marta Domínguez, la mejor ateta de todos los tiempos y a la que en esa primera diligencia de informe se apuntaba como principal objetivo. En esa diligencia, los agentes fundamentaban sus acusaciones con expresiones como «en el mundillo del atletismo», «en foros de internet»… Casi inmediatamente después, en esos primeros folios, aparecía la declaración del ex entrenador de Marta, Mariano Díez, que vertía todo tipo de acusaciones contra la campeona y contra su preparador, César Pérez. Ya en aquel momento, me dio la impresión de que la Guardia Civil y la jueza decidieron abrir esta operación después de escuchar al ex entrenador de la atleta y no al revés.
La UCO culminó la operación con la detención de atletas, entrenadores, médicos… Y con el arresto de Marta y el registro de su casa. La lectura detallada del sumario me hizo pensar en aquel momento, como hoy sigo pensando, que no había materia suficiente como para adoptar una medida tan contundente contra la atleta. De aquella lectura salieron varios reportajes en Interviú y un espacio de Territorio Negro. En ellos, insistíamos en la poca consistencia de las acusaciones contra Marta y en la contundencia que tenían las pruebas contra otros implicados en la operación: Pascua Piqueras, Alberto García, Alberto León… A ellos se les habían encontrado sustancias prohibidas, planes de dopaje e incluso el entrenador Pascua confesó con todo detalle cómo dopaba a sus pupilos. Pero nada se había hallado en poder de Marta, ni de César Pérez.
Aquellos días, tras el reportaje de Interviú y el espacio de Territorio Negro, recibí varios mensajes. Uno de ellos me llamó la atención porque el remitente era un oficial de la Guardia Civil. Lo reproduzco tal y como me llegó, aunque omitiendo la identidad del comunicante:
«Estoy escuchando vuestra entrevista con Julia sobre «Galgo» y se me ocurren un par de cosas que me gustaria que comentasemos
1ª.- Deberiais informaros acerca de la existencia de un análisis que obra en poder del laboratorio antidopaje que ratifica que el AMTH-2 contiene testosterona sintetica….igual asi no citabais que no es dopante…¿quien te ha dicho eso?
2º.- Los Guardias somos bastante tontos, ya lo deja entrever la entrevista, pero igual en el control se dejaron pasar los viales para encontrarlos en los registros, simplemente cotejando sus números de serie…no se…
3ª.-Lo que mas me preocupa…se os nota cierta tendencia en este tema…¿no?..»
No contesté aquel mensaje. No quise hacerlo ni lo voy a hacer. No merece la pena contestar a alguien que me acusa de haber llamado «tontos» a los guardias civiles. Ahí están las bibliotecas, las hemerotecas y las fonotecas para comprobar en qué términos he escrito o he hablado en los últimos 23 años –los que llevo dedicado a este oficio– de la Guardia Civil, un cuerpo en el que tengo varios amigos, de los que estoy muy orgulloso.
De ese mensaje lo de menos era lo que contenía la ampolla, si había testosterona o no había… Era cuestión de tiempo. La semana pasada, la jueza lo dejó claro en el auto en el que sobreseía la principal imputación de Marta Domínguez y contradijo a mi comunicante: «que dicha sustancia no es trembolona, ni ningún derivado de la misma, e igualmente que no contienen testosterona y sus derivados, ni boldenona, mesterelona, metadienona, metenolona, metolona, enaltato, metiltestoterona, nandrolona, nandrolona enantato, obsandrolona, oximetolona y estanozolol.» Es decir, que no había sustancias prohibidas.
Me da la impresión, por tanto, de que lo que ha habido es un mal trabajo, una mala fijación de objetivos, una mala elección del momento de explotar la operación… Pero de lo que estoy seguro es de que no hay una conspiración contra Marta Domínguez en la que participen guardias civiles a las órdenes del ministro del Interior.
Estamos en época preelectoral y todo está manchado por la política y los políticos. Y Alfredo Pérez Rubalcaba es tan pieza de caza mayor para el PP y sus palmeros mediáticos como lo era Marta Domínguez para la UCO. Éstos erraron el tiro y creo que aquellos también. La Guardia Civil puede haber cometido un error, seguramente un error grave, pero me niego a creer que sean cómplices de una siniestra conspiración para acabar con la atleta por su cercanía con el PP o meras marionetas al servicio de espúreos intereses polítcos. Al fin y al cabo, quienes han corrido últimamente a retratarse con la campeona y sus laureles han sido los socialistas Jaime Lissavetzky, por su condición de secretario de Estado de Deportes, y José Luis Rodríguez Zapatero, como ministro de Deportes. A ver si con la misma presteza se encargan ahora de rehabilitar el honor de Marta Domínguez.
Lo que no dice la mujer de Setmarian
Hace unos años, estuve en casa de los padres de Helena Moreno, en el madrileño barrio de Moratalaz. Ella llevaba ya varios años huyendo en compañía de su marido, el terrorista Mustafá Setmarian. El padre de Helena, un veterano sindicalista –«eduqué a mi hija en la libertad», nos decía–, recordaba aquella tarde cómo tenía que revisar las etiquetas de las galletas que le daba a su primer nieto para que no tuviesen ningún ingrediente relacionado con el cerdo, para no desatar la ira de su yerno, un radical de manual. El salón de su piso estaba presidido por una fotografía de Helena, tomada hace muchos años, con media melena suelta, antes de que comenzase a tapar su pelo, su rostro e iniciase su deriva hacia, como cuenta Óscar Gutiérrez en esta entrevista publicada hoy en elpais.com, el lugar en el que se encuentra hoy: Helena huye hasta de cualquier contacto físico con los hombres.
Sorprende que Amnistía Internacional haya ofrecido sus instalaciones a la mujer de Setmarian. Confío en que haya sido por ignorancia. No creo que a las víctimas del 11 de marzo les haya gustado la idea. El sirio, que no tuvo absolutamente nada que ver con los atentados de Madrid, sí los calificó como «benditos» en una de sus soflamas.
En la entrevista, Helena Moreno dice muy poco, miente y deja de decir aún mucho más. Dice, por ejemplo, que su marido «no es un hombre de acción sino de ideas. El mayor crimen del que se le puede acusar, si es que se puede, es de pensar, analizar y escribir». Así que nos presenta al terrorista –hoy en paradero desconocido– como un pensador, casi inofensivo. Asegura también Helena que su esposo fue, poco más o menos, un precursor de las revueltas que se producen hoy en el mundo árabe: «Siempre ha estado intentando defender a los pueblos oprimidos. Y la prueba de que no estaba engañado son las revoluciones en los países árabes. Lo que yo conozco de Setmarian, lo que ha hablado conmigo, es que hay un desconocimiento del islam y de los pensadores islamistas.»
Afortunadamente, las revoluciones en Egipto o en Túnez no han estado protaginzados por personajes parecidos a Setmarian, del que en Interviú hemos escrito mucho. Os extracto aquí algunas de las ideas que él mismo plasmó en libros o en la revista Al Ansar, el órgano oficial d expresión del GIA argelino, que dirigió mietras estaba en Londres:
“No habrá salvación para la umma [la comunidad musulmana] salvo que sigamos el principio ‘cuelga al último infiel de los intestinos del último sacerdote [cristiano]’”. “La única arma que tenemos para enfrentarnos con la maquinaria moderna del enemigo es la yihad y el amor a la muerte”. “El espíritu se enriquece con el amor a la muerte. (…) Cuerpos mutilados, esqueletos, terrorismo… ¡qué palabras tan hermosas!”. «Los infieles deben ser aniquilados en los países musulmanes”, se le escucha decir en una de sus lecciones en vídeo difundidas en páginas yihadistas.
Helena Moreno dice que su marido se dedicó «a leer» en Afganistán. Lo cierto es que dirigió el campamento de entrenamiento de terroristas de Duranta: “Los infieles probarán la ferocidad de los guerreros entrenados por mí”, dijo en uno de sus comunicados. Tras los atentados del 11-S, la mujer dice que tuvieron que huir por miedo a que les detuviesen. Lo que no cuenta es lo que su marido dijo de los ataques de Nueva York y Washington: «Si me hubieran consultado, habría señalado que los aviones llevaran armas de destrucción masiva”.
‘La pringue’ y el asesinato de Leónidas Vargas
«No quiero morir en la cárcel», le dijo Leónidas Vargas a sus allegados cuando llevaba unos meses ingresado en una prisión madrileña, tras ser detenido en 2006 por la Brigada de Policía Judicial de Madrid. No era una petición de clemencia, sino una oferta para colaborar con la Justicia a cambio de la información de la que disponía, acumulada durante las décadas que llevaba el Rey de Caquetá dedicado al negocio del narcotráfico. Lo contamos en este reportaje de Interviú. Agentes de la DEA acudieron a visitarle a la cárcel y poco después logró salir de prisión y ser recluido, primero en su casa y luego en un hospital, donde fue asesinado por un grupo de sicarios en enero de 2009. Ayer mismo, un tribunal popular dictaminó que los siete procesados por su muerte eran culpables.
Lo que el juicio no ha aclarado, como era de esperar, es quién estaba detrás del encargo, quién pagó para acortar la vida del último compañero de generación de los Rodríguez Orejuela, los Ochoa, Pablo Escobar… Eran muchos sus enemigos y muy poderosos, como Víctor Carranza, El Esmeraldero o Iván Urdiola, La Iguana, dos de los que habían puesto precio a su cabeza años atrás. Al crimen de Leónidas en Madrid le siguieron el de su hermano y su novia en Colombia y la petición de un hijo de El Viejo de alto el fuego. Las cuentas ya estaban saldadas y no era necesario que corriera más sangre.
La osadía y la profesionalidad con la que se perpetró el asesinato de Leónidas Vargas hizo pensar a algunos que Madrid se podía convertir en Medellín, que los ajustes de cuentas se sucederían por las calles de la capital con la impunidad con la que ocurrían hace unos años en la capital de Antioquía. Pero no es así. El grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial, de la entrañable pringue, hizo su trabajo y detuvo a los responsables de la muerte de Vargas tras una compleja investigación. Igual que años atrás, la Sección de Estupefacientes de la pringue detuvo a Leónidas. Todavía recuerdan allí cómo El Viejo repartía los discos de narcocorridos que grabó en la cárcel –como el que aparece en la ilustración– o como hizo traer café colombiano y salmón para los policías que le arestaron, como contamos en este otro reportaje de Interviú.
El milagroso robo del convento de Santa Lucía, esta semana en Interviú
Un ladrón armado tan solo con una palanqueta se encontró el pasado 27 de febrero un botín que no imaginaba ni es sus mejores sueños. De hecho, tuvo que buscar por las dependencias del convento de Santa Lucía una bolsa en la que poder llevarse todo el dinero que encontró en un armario, una cifra que oscila entre los 419.000 y el 1,2 millones de euros. El robo al convento de Zaragoza está lleno de detalles que le convierten en uno de los más fascinantes de cuantos me he encontrado yo en mi carrera. Todos los detalles, muchos de ellos inéditos, los podéis leer esta semana en Interviú.
Solo tres monjas –priora, abadesa y administradora– conocían el paradero del dinero, que aún nadie ha acabado de aclarar de dónde procedía, si bien las religiosas han reconocido que su asesor fiscal les recomendó hace tiempo que sacasen sus fondos de los bancos, que se avecinaba un corralito, como el de Argentina, y así lo hicieron con 200.000 euros. La policía ha puesto bajo el foco de sus pesquisas a las dieciséis monjas que residen en el convento, a sus familias y a los trabajadores que han hecho en los últimos tiempos trabajos en el interior del recinto. Éste y el resto de detalles de la investigación, los podéis leer esta semana en Interviú.
Siete años del 11-M
En unos días se cumplirán siete años de los atentados del 11 de marzo de 2004. Volverán los emocionados recuerdos a las víctimas y continuarán las mentiras propagadas por los que intentan hacer buena la máxima de que una mentira, a fuerza de repetirla, se convierte en verdad. No es cierto. No lo ha sido nunca y no lo será en esta caso. Estas últimas semanas nos hemos dedicado en Interviú a revisar todo lo que, judicial y policialmente, se ha hecho desde los atentados, los procedimientos que se han abierto, los juicios que se han celebrado en España y en otros países… El trabajo, para el que ha resultado imprescindible la ayuda que nos ha prestado María Ponte García, una abogada comprometida de verdad con las víctimas, ha servido para conocer la auténtica dimensión de esas mentiras cacareadas siempre desde el mismo lugar, por aquellos que se erigen en portavoces de las víctimas –de todas, cuando representan solo a un grupo de ellas, que merece, por supuesto, todos mis respetos– y que mercadean siete años después con la masacre terrorista. Son los que dicen que «el 11-M se cerró en falso» o «hay que seguir investigando el 11-M». ¿Saben esos que aún hoy, en los laboratorios de la policía, se siguen identificando huellas de los escenarios claves de la matanza o que se le continúa poniendo nombre a los restos biológicos hallados en Leganés, en Morata de Tajuña, en los coches relacionados con los terroristas?.
Si lo saben, evidentemente no les interesa, no se ajusta a su verdad, a la de esa extraña y poliédrica conspiración que aún no han acabado de explicar. Como tampoco les interesa conocer que siete años después la policía busca aún a los terroristas fugados tras el 11-M. Como contamos esta semana en Interviú, Said Berraj, al que los servicios de información apuntan como uno de los organizadores de la matanza, se ha escondido en Indonesia, tras pasar varios años en Turquía. Él es el único fugitivo del 11-M que sigue con vida, después de que Daoud Ouhnane y Mohamed Afalah se inmolasen en Irak y que Mohamed Belhadj, Abdelillah Hriz e Hicham Ahmidan fuesen condenados en Marruecos, gracias a las investigaciones de la policía española.
En los próximos días se celebrarán dos juicios contra personas relacionadas con los terroristas que perpetraron la masacre. En uno de ellos se sentará en el banquillo Moutraz Almallah Dabas, para quien el fiscal pide ocho años por adoctrinar a algunos de los autores del 11-M, como a El Tunecino. En el otro, serán juzgados los integrantes de una red de ayuda y financiación a los fugados tras la matanza. Otros dos grupos similares, componentes de la Red Tigris, han sido ya juzgados y condenados.
Nada de esto servirá para acallar a los que ya tienen su verdad. Esperemos que sí sirva para que las víctimas –todas, sin excepción– sepan que hay policías, guardias civiles, jueces, fiscales, seceretarios, funcionarios, abogados… dedicados a tratar de perseguir y castigar a todos aquellos que provocaron hace siete años tan insoportable dolor. Gracias a todos ellos.
Una oferta para César Pérez
César Pérez Segovia, el entrenador de Marta Domínguez, ha hablado esta semana en Interviú. En la entrevista, el ex atleta cuenta que la Guardia Civil le ofreció un pacto mientras estuvo detenido: «si acusaba a Marta, me libraría de la cárcel». Lo cierto es que César no acusó a Marta de nada y, como ella, salió en libertad.
La versión del entrenador refuerza la hipótesis de que la pieza mayor de la operación Galgo era Marta Domínguez, a la que recientemente la jueza ha separado del procedimiento principal, el que se sigue con Eufemiano Fuentes, Yolanda Fuentes y Manuel Pascua como principales acusados. Pese a ello, tanto la campeona palentina como su entrenador siguen imputados por delito contra la salud pública y un delito contra la Hacienda Pública. La Justicia decidirá si son culpables o no de esos delitos, pero lo que sí ha verificado ya la Justicia es que César Pérez no es el camello de Eufemiano Fuentes, al que ni siquiera conocía, y que Marta Domínguez no guardaba en su casa más que un arsenal de productos de herbolario.
La Pringue 