Policías y ladrones

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Dedicamos nuestro Territorio Negro de ayer a la organización de butroneros desmantelada por la policía en la operación Joy Universo y de su polémica puesta en libertad. En el espacio de Julia en la Onda tenéis toda la información: quiénes son, de qué delitos se les acusa y las razones de su libertad exprés.
Al final de nuestro espacio, llamó una de las víctimas de esa organización: el propietario de un concesionario de automóviles al que robaron dieciocho coches. No entendía cómo era posible que El Taca, El Piojo y compañía estuviesen en libertad después de que la policía les imputase hasta 39 delitos.
No tengo ninguna duda de que los jueces han cumplido con la ley, pero las víctimas difícilmente van a entender la impunidad de la que se ha dotado a estos butroneros. Me ha sorprendido la tranquilidad y hasta la socarronería con la que se han tomado la decisión de los jueces los policías que estuvieron medio año detrás de esta banda. He tenido la ocasión de hablar con ellos y hasta he visto parte del trabajo que hicieron para presentar a los jueces y a los fiscales el mayor número de pruebas posible: es un trabajo meticuloso, riguroso e ímprobo, en el que acreditan la participación de los detenidos en los robos, no mediante indicios ni conjeturas, sino con imágenes y fotografías que no dejan lugar a dudas.
Como contamos en Territorio Negro, la solución para estos casos pasa por la creación de una Fiscalía especial contra el crimen organizado, que pueda coordinar operaciones como ésta, al igual que se hace en la Audiencia Nacional, porque tener el caso repartido en 39 juzgados distintos complica todo.
La operación Joy Universo debería mover a esa reflexión a los que pueden hacer algo. Pero las víctimas no entienden nada. Y la mujer del policía que no pudo estar con ella en una importante intervención quirúrgica, porque estaba detrás de los butroneros, tampoco.

Honrar a los muertos

No es España un país acostumbrado a honrar a sus muertos, al menos a los muertos que llevan uniforme. Durante décadas, los guardias civiles y los policías asesinados por ETA eran enterrados en la clandestinidad; sus cadáveres salían de los cuarteles amparados por la oscuridad de la noche y viajaban hasta sus lugares de origen, donde –solo allí, nunca antes– sus familiares podían llorarles. Esa dinámica se rompió cuando ETA decidió ampliar sus objetivos y asesinar a personas sin uniforme, sobre los que, para un sector de la sociedad, pesaba siempre la sombra de la sospecha y, por tanto, había, si no justicia, sí un mal inevitable en sus muertes. Jamás habría soñado un guardia o un policía muertos el fervor con el que la ciudadanía se echó a la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco o unas exequias como las del concejal del PP. Afortunadamente, esos años pasaron y ya –creo– no hay víctimas de ETA de primera y de segunda.
No honramos, sino que humillamos y vilipendiamos a los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak 42 en mayo de 2003. Aquellos militares regresaban, recordemos, de una misión en Afganistán, uno de los lugares más peligrosos del mundo, y se subieron en el avión al que les obligaron subir. Eran profesionales y los profesionales hacen eso: obedecen órdenes. El pago a esa profesionalidad y a esa obediencia fue reírse de sus familias, entregándoles unos restos elegidos al azar.
No solo obedecía órdenes, sino que asumió la responsabilidad de estar en primera línea, Francisco Javier Torronteras, el subinspector del GEO que murió asesinado el 3 de abril de 2004 en Leganés por los terroristas responsables de la matanza del 11-M. Torronteras fue honrado en un funeral más que digno y luego vilipendiado, no solo por los mal nacidos que profanaron su tumba –la policía tiene la certeza de que los responsables fueron familiares de alguno de los terroristas muertos en Leganés, pero nunca pudo acumular pruebas–, sino también por un sector de la prensa y hasta por algún político, que llegaron a decir que la explosión que mató al policía no fue provocada por los islamistas y que los cadáveres fueron trasladados allí tras la deflagración. Así que el geo no era más que una baja colateral para que la conspiración funcionase.
Leía ayer a mi compañera Cruz Morcillo dar cuenta en ABC del vergonzoso traslado del policía Antonio Cejudo, muerto en Yemen a consecuencia de un disparo realizado por él mismo, según todos los indicios, aunque a España aún no ha llegado ni siquiera el informe de autopsia, como cuenta el hermano del agente en su blog. Cejudo pertenecía a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y estaba destinado en la embajada española en Yemen. Es decir, estaba allí –perdón por la expresión, pero no he encontrado otra más acertada– para salvar el culo del embajador, el agregado, el secretario y todo el personal de la delegación diplomática. Yemen es un lugar complicado, peligroso, en el que Al Qaeda se hace cada día más fuerte, así que imagino que Antonio Cejudo y sus compañeros debían de trabajar en condiciones bastante complicadas.
Viendo la foto que acompaña este post –y que ha sacado del blog de Javier Cejudo– no me explico cómo ninguno de esos a los que el policía salvaba el culo a diario en Yemen ha sido capaz de plantarse y decir: “Vamos a devolver a España a Antonio en un ataúd digno. No permitamos que su madre vea esto al bajar del avión”. En Yemen, país musulmán, no hay ataúdes. Pero en los seis días que han tardado en repatriar el cadáver había tiempo más que suficiente para comprar uno. No sé si el máximo responsable de esta tropelía es el ministro del Interior o el de Asuntos Exteriores, pero de lo que estoy seguro es que si el embajador –ese al que Antonio Cejudo salvaba el culo a diario– o cualquiera de sus muy bien pagados empleados hubiesen puesto la mitad de la profesionalidad y el cariño con los que el agente hacía su trabajo a diario, el cuerpo del policía no habría llegado a España como un paquete postal. No hay justificación posible. A los muertos que nos han servido hay que honrarlos.

‘Homicidio’, un canto de amor a la policía y al periodismo de sucesos

Se acaban hoy mis vacaciones y coincidiendo con el final de mis dos semanas de asueto he terminado Homicidio (Principal de los Libros), de David Simon, periodista y guionista de la mejor serie de televisión policiaca de todos los tiempos, The Wire. Es un libro excepcional, 700 páginas muy bien escritas y plagadas de historias reales, sucedidas durante 1988 en las calles de Baltimore, la ciudad del estado de Maryland en la que también se desarrolla The Wire.
El libro tiene un planteamiento tan sencillo como ambicioso: Simon, entonces reportero de sucesos de The Baltimore Sun –el mismo diario en el que se centra la quinta y última temporada de The Wire– pasó un año acompañando a los componentes del Departamento de Homicidio de Baltimore. El volumen es el resultado de su aguda capacidad de observación de reportero y de sus vivencias durante ese año, en el que los éxitos policiales y las apasionantes investigaciones se mezclan con las frustraciones y las miserias, de las que no se libra nadie, ni policías, ni asesinos. Simon es honesto, no maquilla nada. Los protagonistas del libro son reales, personas dedicadas a lidiar con lo peor de la sociedad, que muchas veces no son comprendidas ni correspondidas ni por sus familias, ni por sus jefes, ni siquiera por fiscales y jueces. Eso pasa en Baltimore, en Madrid e imagino que en cualquier departamento de Homicidios del mundo civilizado.
David Simon no puede ocultar su empatía y muchas veces su simpatía con los inspectores de Homicidios, la misma que hemos sentido todos los que de una u otra manera hemos compartido éxitos y frustraciones con ellos. Y no puede ocultar su amor por la investigación, por el trabajo policial fino y por el olfato de los viejos sabuesos. Pero, sobre todo, Homicidio es un canto de amor bello y profundo al periodismo de sucesos, al que practicaba él antes de convertirse en guionista y productor de televisión de éxito y al que destilan todas las páginas del libro. Al final del volumen, hay un epílogo escrito por Simon en 2006, en el que cuenta cómo le ha ido la vida desde que recogió todo el material para Homicidio –el libro se publicó en Estados Unidos en 1991–. Allí Simon cuenta las razones de su salida de The Baltimore Sun y ajusta algunas cuentas que dan una idea perfecta del estado del periodismo allí y aquí. Reproduzco algunos fragmentos: “Me ayudó  dar el salto a la televisión] que mi periódico se hubiera convertido en el terreno de juego de un par de sinvergüenzas de Filadelfia, dos imbéciles sin ningún tipo de preparación periodística para quienes el apogeo de un reportaje constituía en una crónica en cinco partes cuyo párrafo empezaba: “Según ha podido descubrir Baltimore Sun” y luego ofrecía un par de páginas hinchadas como un buñuelo repletas de bestialidades simplificadoras y soluciones aún más simples”.
Y, finalmente, Simon resume de manera perfecta la política de personal de su antiguo diario, que hoy practican en España muchos periódicos: “Marginaron a algunos de los mejores periodistas, luego los compraron y los reemplazaron por acólitos veinteañeros que al menos jamás cometerían el error de sostener una discusión honesta con los jefes de redacción”.
Homicidio es imprescindible, una joya de la primera a la última página que disfrutarán los amantes del género negro y los aficionados al periodismo de sucesos.

¡La ‘camarilla de Canillas’ detiene delincuentes!


La opración Shovel, desarrollada en las últimas horas, ha supuesto la desarticulación de un grupo de delincuentes internacionales afincados en la Costa del Sol. La policía española ha detenido en nuetsro país a diecisiete personas y ha actuado coordinada con agentes de Irlanda y Reino Unido. El grupo desmantelado está relacionado con, al menos, veinte asesinatos cimetidos en varios países y otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, de armas y el blanqueo de dinero.
La operación ahora culminada comenzó con la investigación de un asesinato. La muerte a tiros en Estepona del hampón Paddy Doyle, en febrero de 2008, puso al descubierto una gigantesca red criminal. En las investigaciones han participado agentes de la Udyvco de la Costa del Sol y –¡oh, sorpresa!– la UDEF Central, los mismos policías dedicados, según Francisco Álvarez Cascos a falsificar prurbas contra el PP, “la camarilla de Canillas”, como los definió el ex vicepresidente del Gobierno.
Nadie pondrá en duda ahora la legitimidad de las pruebas recabadas contra los detenidos en la operación Shovel; nadie cuestionará las escuchas autorizadas por un juzgado de Estepona; nadie discutirá la inmovilización de cuentas bancarias y de bienes inmuebles; nadie acusará ahora a los agentes que han llevado el peso de las investigaciones de ser la “policía de Rubalcaba”, pese a ser los mismos inspectores, los mismos inspectores jefe y los mismos comisarios que llevaron el peso de la operación Gürtel. ¿Por qué? Porque en la operación Shovel se ha retirado de la circulación a un buen número de indeseables, de delincuentes que se han enriquecido de manera ilícita. Exactamente igual que en la operación Gürtel, por cierto. Unos se enriquecieron con el hachís y otros con las comisiones.

Me rindo: no he encontrado la máquina de fabricar pruebas falsas de la camarilla policial de Canillas


Me rindo. Lo he intentado casi todos los días desde la semana pasada, cuando leí las declaraciones Francisco Álvarez Cascos. El ex vicepresidente dijo algo así como que en Canillas –sede de distintas comisarías generales de policía, entre ellas la de Información y la de Policía Judicial– había instalada una camarilla policial dedicada a fabricar pruebas. Y añadió: “son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas”. Y lo dijo sin titubear, con una certeza absoluta. Así que yo, que habitualmente paso por Canillas un par de veces a la semana, llevo varios días buscando la máquina de fabricar pruebas falsas. Y nada, ni rastro de ella.
Allí, en Canillas, he visto lo de siempre: policías buenos, regulares y malos. Como en cualquier parte. En mi redacción también hay periodistas buenos, regulares y malos. Y en el ambulatorio que me corresponde, seguro que también hay médicos buenos, regulares y malos. En Canillas estos días también he tenido oportunidad de ver a los agentes que han investigado y que siguen investigando la trama Gürtel y a los que Álvarez Cascos parece referirse cuando habla de la camarilla. Muchos de ellos son los mismos que detuvieron a la corporación municipal de Estepona (PSOE), a la de La Muela (PAR), o que investigan al alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) por el escándalo de Las Teresitas. Se equivoca Álvarez Cascos al apuntar hacia los agentes de la UDEF. Ninguno de ellos pondría en peligro su carrera –que no han cimentado precisamente persiguiendo a políticos del PP– para fabricar una prueba contra Álvarez Cascos ni contra nadie. Como contamos esta semana en Interviú, no fue la policía la que puso bajo sospecha un viaje del ex vicepresidente: fue Francisco Correa en sus conversaciones intervenidas –alardeaba de haber entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas en la etapa en la que Álvarez Cascos era ministro de Fomento– y José Luis Peñas, el ex concejal de Majadahonda que destapó la trama con su denuncia y que en su declaración aseguró que una agencia de Correa había pagado un viaje a Lanzarote de Álvarez Cascos.
Lo dije después de las gravísimas acusaciones que se vertieron contra algunos policías tras los atentados del 11-M y lo vuelvo a decir. ¿Para qué está el fiscal general del Estado? ¿Por qué no ordena actuar cuando alguien pone bajo sospecha a una institución encargada de velar por nuestros derechos y libertades como es la policía? Soy de los que cree que la política ensucia todo. Cuando los políticos meten sus manos en cualquier terreno, lo convierten en tierra baldía, hacen que se pudra todo. Pasa con el deporte, con el periodismo y, por supuesto, con la policía.
En Canillas no he encontrado camarillas dedicadas a fabricar pruebas falsas. Ni ahora, ni con otros gobiernos. He encontrado profesionales entregados a su trabajo, capaces, por ejemplo, de meter en su casa a testigos a los que el Estado no puede o no quiere proteger. Y he encontrado a policías que en sus ratos libres van a la cárcel en busca de un testimonio o de una prueba para resolver ese crimen que se les atravesó en su carrera. Eso, señor Álvarez Cascos, es lo que hay en Canillas. Cuando gobernaba usted y ahora. Se lo dice alguien que lleva dos décadas yendo por allí.

Gitanos y policías


Leyendo este reportaje de Francisco Javier Barroso en El País no he podido evitar un pequeño ataque de melancolía. Un grupo de gitanos impartió un seminario de cuatro horas Academia de Policía. Allí, los calós dieron a los agentes unas mínimas normas sobre cómo comportarse ante este colectivo y de allí salieron consejos como que, en caso de duda, hay que acudir al gitano viejo, al hombre de respeto.
Mientras leía el reportaje retrocedía en el tiempo muchos años, cuando estaban en pie en Madrid Los Módulos y Los Focos, los dos primeros grandes supermercados de la droga de la capital, allí donde algunos gitanos comenzaron a cambiar la chatarra por el caballo, allí donde –como me decían en aquella época algunos viejos gitanos del lugar– empezaron a cambiarse las leyes ancestrales gitanas por las leyes de la droga. En esos años, los policías destinados en la comisaría de San Blas aprendieron a distinguir al gitano bueno del malo y al traficante del yonqui. Y nadie les dio seminarios. Cuando se producía un crimen en esa zona, los inspectores de Homicidios sabían bien dónde ir. Hablaban con el patriarca y le pedían que le entregasen al asesino… Aquello funcionó hasta que esos poblados comenzaron a ser lugares sin ley, donde la heroína era el único código válido.
Unos años más tarde, en la eclosión de La Celsa y La Rosilla, recuerdo a un hoy comisario, entonces inspector destinado en la comisaría de Vallecas Villa, paseando como un sheriff del oeste por esos poblados –verdadero territorio comanche– y llamando a cada gitano por su nombre. “Anda que vaya fregoneta que te has comprado, ¿de dónde has sacado el parné?”, le decía a un conocido traficante. “De la fruta, señor comisario, de la fruta”, le contestaba el caló, sabedor de que el inspector sabía perfectamente que hacía muchos años que no vendía ni un melón.
A La Celsa y La Rosilla le siguieron Las Barranquillas. Recuerdo a los policías de Vallecas Villa vigilando las chabolas desde apostaderos hechos sobre vertederos, donde las ratas pasaban por encima de ellos. Y a los niños gitanos, a bordo de potentes motos, subir para comprobar si había policías y dar el agua. Los tiempos ya habían cambiado y ni siquiera se podía entrar en el poblado sin grandes dosis de ingenio. Como aquella ocasión en la que unos policías se metieron en cajas de televisores y así, en ese singular caballo de Troya, simulando una entrega a domicilio, lograron acceder a un punto de venta de droga.
A Las Barranquillas le ha sucedido La Cañada Real Galiana como escenario de esa desigual guerra de la policía contra los traficantes. Aunque, como dice uno de los protagonistas de la imprescindible serie The Wire, “no es una guerra, porque las guerras se acaban”.
Los tiempos han cambiado para todos. La inmensa mayoría de los gitanos son personas integradas completamente en la sociedad y la inmensa mayoría de los policías no sólo no tienen perjuicios raciales con los gitanos, sino que son los que mejor conocen sus, a veces, incomprensibles códigos. Eso no tiene nada que ver con la guerra contra las drogas, que no es una guerra contra los gitanos. Tanto han cambiado los tiempos que me viene a la memoria una imagen que viví hace poco. En la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos, habían hecho reformas y habían comprado mobiliario nuevo. Los mandos llamaron a los gitanos de la zona para que se llevasen el mobiliario antiguo. La imagen de los calós entrando en el cuartel y llevándose en volandas escritorios, mesas, sillas y hasta alguna figura de la Virgen del Pilar –patrona del Cuerpo– fue impagable.

El crimen organizado se combate con la ley


Alfredo Marijuán y Carlos Farré, dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la Udyco de la Costa del Sol, duermen en prisión desde hace un par de días. El juez Julián Cabrero ha apreciado indicios suficientes para mandarles a prisión: omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, malversación, delito contra los derechos fundamentales, tenencia ilícita de armas y falsedad documental es la retahíla de cargos que se les imputa a los dos agentes, destinados en el paraíso de las mafias, la costa malagueña.
Para que la Brigada de Asuntos Internos de la policía actúe con tal contundencia contra, nada menos, que un inspector jefe de Udyco como Marijuán, su comportamiento ha debido ser algo más grave que irregular o sospechoso. Y si el juez le ha mandado a prisión, todo parece indicar que Marijuán y Farré hace tiempo que debieron cruzar la línea que nunca se ha de cruzar y mucho menos si uno es policía.
Llevo dos décadas conociendo policías. Con algunos de ellos me une una relación más allá de lo profesional. Cuento entre mis amigos con varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Alguno de ellos, por cierto, destinado en Udyco, la unidad dedicada a la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Unidades en las que se ven pasar muchos millones, en droga y en efectivo. Daría la mano por ellos. Son gente honrada hasta la médula, incapaces de meter la mano en el cajón, pese a que trabajan a destajo por sueldos que, en muchas ocasiones, apenas sería dinero de bolsillo para la gentuza con la que tratan.
Por eso, no puedo estar de acuerdo con las declaraciones de varios sindicalistas de la policía en torno al trato dispensado a los agentes arrestados o a las consecuencias que tendrán estos arrestos en la lucha contra el crimen. Cada día, muchos policías demuestran que contra el crimen se puede luchar aplicando estrictamente la ley, pese a que, muchas veces, los jueces, los fiscales, la prensa y hasta la sociedad, les pongan palos en las ruedas.