¡La ‘camarilla de Canillas’ detiene delincuentes!


La opración Shovel, desarrollada en las últimas horas, ha supuesto la desarticulación de un grupo de delincuentes internacionales afincados en la Costa del Sol. La policía española ha detenido en nuetsro país a diecisiete personas y ha actuado coordinada con agentes de Irlanda y Reino Unido. El grupo desmantelado está relacionado con, al menos, veinte asesinatos cimetidos en varios países y otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, de armas y el blanqueo de dinero.
La operación ahora culminada comenzó con la investigación de un asesinato. La muerte a tiros en Estepona del hampón Paddy Doyle, en febrero de 2008, puso al descubierto una gigantesca red criminal. En las investigaciones han participado agentes de la Udyvco de la Costa del Sol y –¡oh, sorpresa!– la UDEF Central, los mismos policías dedicados, según Francisco Álvarez Cascos a falsificar prurbas contra el PP, “la camarilla de Canillas”, como los definió el ex vicepresidente del Gobierno.
Nadie pondrá en duda ahora la legitimidad de las pruebas recabadas contra los detenidos en la operación Shovel; nadie cuestionará las escuchas autorizadas por un juzgado de Estepona; nadie discutirá la inmovilización de cuentas bancarias y de bienes inmuebles; nadie acusará ahora a los agentes que han llevado el peso de las investigaciones de ser la “policía de Rubalcaba”, pese a ser los mismos inspectores, los mismos inspectores jefe y los mismos comisarios que llevaron el peso de la operación Gürtel. ¿Por qué? Porque en la operación Shovel se ha retirado de la circulación a un buen número de indeseables, de delincuentes que se han enriquecido de manera ilícita. Exactamente igual que en la operación Gürtel, por cierto. Unos se enriquecieron con el hachís y otros con las comisiones.

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Me rindo: no he encontrado la máquina de fabricar pruebas falsas de la camarilla policial de Canillas


Me rindo. Lo he intentado casi todos los días desde la semana pasada, cuando leí las declaraciones Francisco Álvarez Cascos. El ex vicepresidente dijo algo así como que en Canillas –sede de distintas comisarías generales de policía, entre ellas la de Información y la de Policía Judicial– había instalada una camarilla policial dedicada a fabricar pruebas. Y añadió: “son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas”. Y lo dijo sin titubear, con una certeza absoluta. Así que yo, que habitualmente paso por Canillas un par de veces a la semana, llevo varios días buscando la máquina de fabricar pruebas falsas. Y nada, ni rastro de ella.
Allí, en Canillas, he visto lo de siempre: policías buenos, regulares y malos. Como en cualquier parte. En mi redacción también hay periodistas buenos, regulares y malos. Y en el ambulatorio que me corresponde, seguro que también hay médicos buenos, regulares y malos. En Canillas estos días también he tenido oportunidad de ver a los agentes que han investigado y que siguen investigando la trama Gürtel y a los que Álvarez Cascos parece referirse cuando habla de la camarilla. Muchos de ellos son los mismos que detuvieron a la corporación municipal de Estepona (PSOE), a la de La Muela (PAR), o que investigan al alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) por el escándalo de Las Teresitas. Se equivoca Álvarez Cascos al apuntar hacia los agentes de la UDEF. Ninguno de ellos pondría en peligro su carrera –que no han cimentado precisamente persiguiendo a políticos del PP– para fabricar una prueba contra Álvarez Cascos ni contra nadie. Como contamos esta semana en Interviú, no fue la policía la que puso bajo sospecha un viaje del ex vicepresidente: fue Francisco Correa en sus conversaciones intervenidas –alardeaba de haber entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas en la etapa en la que Álvarez Cascos era ministro de Fomento– y José Luis Peñas, el ex concejal de Majadahonda que destapó la trama con su denuncia y que en su declaración aseguró que una agencia de Correa había pagado un viaje a Lanzarote de Álvarez Cascos.
Lo dije después de las gravísimas acusaciones que se vertieron contra algunos policías tras los atentados del 11-M y lo vuelvo a decir. ¿Para qué está el fiscal general del Estado? ¿Por qué no ordena actuar cuando alguien pone bajo sospecha a una institución encargada de velar por nuestros derechos y libertades como es la policía? Soy de los que cree que la política ensucia todo. Cuando los políticos meten sus manos en cualquier terreno, lo convierten en tierra baldía, hacen que se pudra todo. Pasa con el deporte, con el periodismo y, por supuesto, con la policía.
En Canillas no he encontrado camarillas dedicadas a fabricar pruebas falsas. Ni ahora, ni con otros gobiernos. He encontrado profesionales entregados a su trabajo, capaces, por ejemplo, de meter en su casa a testigos a los que el Estado no puede o no quiere proteger. Y he encontrado a policías que en sus ratos libres van a la cárcel en busca de un testimonio o de una prueba para resolver ese crimen que se les atravesó en su carrera. Eso, señor Álvarez Cascos, es lo que hay en Canillas. Cuando gobernaba usted y ahora. Se lo dice alguien que lleva dos décadas yendo por allí.

Más detalles del espionaje en la Comunidad de Madrid, esta semana en Intrerviú


Los tres guardias civiles en excedencia que trabajaban en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Sergio Gamón, no sólo espiaron a Alfredo Prada, hechos por los que ya estaban imputados. También vigilaron en abril de 2008 al vicealcalde Manuel Cobo. Así lo asegura el último informe entregado por la policía a la jueza encargada del caso, Carmen Valcarce, del que damos cuenta esta semana en Interviú.
Estos seguimientos quedaron reflejados por escrito en los partes que en su día publicó el diario El País. El informe elaborado por la policía analiza el contenido de los partes y, con los datos aportados por Telefónica, sitúa a los tres guardias civiles llamando o recibiendo llamadas en las mismas zonas que dicen los partes, es decir, vigilando a Cobo.

El estafador y su amigo, el obispo, esta semana en Interviú


Pedro José Urrutia Urrutia está encarcelado en la prisión de Martutene (Guipúzcoa) desde el pasado mes de diciembre, cuando fue extraditado desde Costa Rica, donde fue detenido gracias a las investigaciones de la UDEF Cenrtral de la Comisaría General de Policía Judicial. Urrutia está acusado de haber estafado veinte millones de euros al grupo empresarial vasco Indaux, tras ganarse la confianza del director financiero del holding, que también está acusado en el mismo procedimiento.
Lo sorprendente, como contamos esta semana en Interviú, es que, pese a la detención del estafador y sus cómplices y a la incautación de varios bienes en Costa Rica, la mayor parte del botín sigue sin aparecer. La última pista que sigue la Policía lleva a los agentes hasta la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde un obispo amigo del detenido puede guardar el secreto del dinero.