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Me rindo. Lo he intentado casi todos los días desde la semana pasada, cuando leí las declaraciones Francisco Álvarez Cascos. El ex vicepresidente dijo algo así como que en Canillas –sede de distintas comisarías generales de policía, entre ellas la de Información y la de Policía Judicial– había instalada una camarilla policial dedicada a fabricar pruebas. Y añadió: «son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas». Y lo dijo sin titubear, con una certeza absoluta. Así que yo, que habitualmente paso por Canillas un par de veces a la semana, llevo varios días buscando la máquina de fabricar pruebas falsas. Y nada, ni rastro de ella.
Allí, en Canillas, he visto lo de siempre: policías buenos, regulares y malos. Como en cualquier parte. En mi redacción también hay periodistas buenos, regulares y malos. Y en el ambulatorio que me corresponde, seguro que también hay médicos buenos, regulares y malos. En Canillas estos días también he tenido oportunidad de ver a los agentes que han investigado y que siguen investigando la trama Gürtel y a los que Álvarez Cascos parece referirse cuando habla de la camarilla. Muchos de ellos son los mismos que detuvieron a la corporación municipal de Estepona (PSOE), a la de La Muela (PAR), o que investigan al alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) por el escándalo de Las Teresitas. Se equivoca Álvarez Cascos al apuntar hacia los agentes de la UDEF. Ninguno de ellos pondría en peligro su carrera –que no han cimentado precisamente persiguiendo a políticos del PP– para fabricar una prueba contra Álvarez Cascos ni contra nadie. Como contamos esta semana en Interviú, no fue la policía la que puso bajo sospecha un viaje del ex vicepresidente: fue Francisco Correa en sus conversaciones intervenidas –alardeaba de haber entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas en la etapa en la que Álvarez Cascos era ministro de Fomento– y José Luis Peñas, el ex concejal de Majadahonda que destapó la trama con su denuncia y que en su declaración aseguró que una agencia de Correa había pagado un viaje a Lanzarote de Álvarez Cascos.
Lo dije después de las gravísimas acusaciones que se vertieron contra algunos policías tras los atentados del 11-M y lo vuelvo a decir. ¿Para qué está el fiscal general del Estado? ¿Por qué no ordena actuar cuando alguien pone bajo sospecha a una institución encargada de velar por nuestros derechos y libertades como es la policía? Soy de los que cree que la política ensucia todo. Cuando los políticos meten sus manos en cualquier terreno, lo convierten en tierra baldía, hacen que se pudra todo. Pasa con el deporte, con el periodismo y, por supuesto, con la policía.
En Canillas no he encontrado camarillas dedicadas a fabricar pruebas falsas. Ni ahora, ni con otros gobiernos. He encontrado profesionales entregados a su trabajo, capaces, por ejemplo, de meter en su casa a testigos a los que el Estado no puede o no quiere proteger. Y he encontrado a policías que en sus ratos libres van a la cárcel en busca de un testimonio o de una prueba para resolver ese crimen que se les atravesó en su carrera. Eso, señor Álvarez Cascos, es lo que hay en Canillas. Cuando gobernaba usted y ahora. Se lo dice alguien que lleva dos décadas yendo por allí.