Garzón sin forofismo

Carlos Alsina lo resumió perfectamente ayer en La Brújula, el programa que dirige en Onda Cero y que trató de manera ejemplar la noticia: el juez Garzón siempre ha sido objeto de pasiones encontradas. Su trayectoria está jalonada de esas pasiones: su irrupción en la política, su vuelta a la Audiencia Nacional y las ganas con las que reabrió episodios de la guerra sucia, su persecución a dictadores y criminales de guerra… En los últimos años, la causa contra el franquismo y la instrucción de la operación Gürtel convirtieron esas pasiones en munición para poder sentarle en el banquillo y, finalmente, acabar con su carrera de magistrado.
Me sorprende el forofismo con el que se aborda la sentencia del Tribunal Supremo, pero no solo desde la inmediatez de las redes sociales. “Expulsado por actuar como los jueces de los ‘regímenes totalitarios’”, “La trama del caso Gürtel logra que el juez sea condenado”, “Justicia para el justiciero”, “Garzón sí paga por Gürtel”, “Inhabilitado por sus métodos totalitarios”, “Ajusticiado”… Son los titulares de hoy de varios periódicos nacionales, que me han recordado –por su indubitada toma de postura– a los diarios deportivos de Madrid y Barcelona tras un partido entre merengues y culés.
He leído la sentencia para comprenderla y poder hablar o escribir sobre ella y he llegado a varias conclusiones, todas ellas muy alejadas del forofismo, quizás porque he conocido bien la labor de Baltasar Garzón en los últimos veinte años; he leído muchos sumarios instruidos por él, trato casi a diario con policías que han trabajado con él de manera muy estrecha, he apreciado sus luces y sus sombras y en esta sentencia están reveladas unas y otras.
El apartado de hechos probados del fallo del Tribunal Supremo se detiene y reproduce el auto de Garzón que dio inicio a todo el proceso y que ha sido, a la postre, el que le ha quitado la toga. Es uno de esos autos garzoniano, que en una lectura completamente leguleya se puede traducir como: “intervengan comunicaciones a discreción y ya veremos luego cuáles nos sirven”. Además, se hace mención a la fluida relación de los policías que investigaban la trama con el instructor y a las frecuentes comunicaciones, muchas veces verbales, que mantenía agentes y magistrado, algo común en el juez y que las fuerzas de seguridad siempre han puesto en valor. Los que conozcan los sumarios del Juzgado Central 5 instruídos por Baltasar Garzón saben que se ha hecho algo parecido en operaciones antiterroristas, de narcotráfico… Y que algunas veces, esta falta de rigor procesal se ha traducido en el derrumbe de todo el edificio sumarial.
La sentencia, en sus fundamentos jurídicos, invoca una y otra vez, el derecho de defensa, que considera vulnerado por Garzón. Las comunicaciones que se intervinieron eran de abogados que –a diferencia de los del entramado etarra– no estaban ni fueron imputados después; incluso algunos de ellos fueron designados cuando los pinchazos estaban ya en marcha. Se trataba de emplear el contenido de esas conversaciones para seguir acumulando pruebas contra los imputados y eso, ciertamente, vulnera el derecho de defensa.
Garzón abusó, se equivocó y por eso ha sido condenado. A mí me intranquiliza y hasta me revuelve el estómago leer que haya sido condenado tras la denuncia de personajes tan poco honorables como Francisco Correa o Pablo Crespo, pero esos personajes –o más bien, sus carísimos abogados– han empleado bien las herramientas que les da el Estado de Derecho, algo que esta vez no hizo Garzón.
Pero en este procedimiento no se juzgaba a la trama Gürtel, que tendrá su juicio. Los responsables de esta gigantesca red de corrupción no se han ido de rositas, como parecen querer decir algunos titulares. Esas comunicaciones intervenidas de manera ilegal por Garzón ya habían sido eliminadas del procedimiento, que continúa su curso y que mantiene en prisión al principal imputado.
Tampoco se juzgaba en este procedimiento la actuación de Garzón en toda la instrucción del caso Gürtel, que ha posibilitado el hallazgo de muchos millones de euros. Se juzgaba una decisión. Y por eso la condena de once años de inhabilitación me parece excesiva, máxime cuando a diario se dictan autos y resoluciones, cuanto menos, tan discutibles como la que le ha costado a Garzón su carrera.
Pero el Tribunal Supremo tampoco juzgaba la carrera de Garzón. Muchos de los que ayer se alegraron por el fallo eran los mismos que alabaron su valentía cuando el juez se atrevió a poner en negro sobre blanco que Batasuna y ETA eran lo mismo, cuando cerró las herriko tabernas que financiaban a la banda o cuando encarceló a dirigentes socialistas por su participación en la guerra sucia.
Garzón sentó las bases, mediante sus resoluciones, de la lucha contra el terrorismo etarra e islamista; inició el camino de la persecución de criminales universales; y enseñó las vías con las que atacar al crimen organizado. Ha sido una de estas vías las que ha acabado con su carrera, pero en la que habrá que profundizar y legislar. El derecho a la defensa debe ser sagrado porque eso garantiza la eficacia del Estado de Derecho, pero ese mismo Estado debe impedir que sirva para ocultar la participación de los abogados en las actividades delictivas de sus clientes o la construcción de complejos edificios jurídico-financieros encaminados a camuflar dinero y de la que son cooperadores necesarios algunos letrados. En esas herramientas debe trabajar el Estado. Con ellas, Garzón hoy seguiría siendo juez.

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Publicado por

manuelmarlasca

Reportero, jefe de Investigación de La Sexta. Copresentador de Más Vale Tarde (La Sexta), Territorio Negro (Onda Cero) y colaborador de Espejo Público (Antena 3). Lector y corredor.

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