La Pringue

Las imágenes de Policía y Guardia Civil actuando en Cataluña que copan hoy las portadas de los periódicos españoles y de una buena parte de la prensa internacional no hacen ningún bien a dos instituciones que encabezan desde hace años las encuestas del CIS como las mejores valoradas por los españoles. ¿Nadie predijo lo que podía pasar? ¿Por qué se les envió allí? ¿Para qué? ¿A qué coste? 

El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía de Cataluña dictó un auto en el que ordenaba a las fuerzas de seguridad «impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan». La Fiscalía respondía así a la pretensión del Govern de celebrar un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional semanas antes. Se trataba de emplear el uso de la fuerza -que la ley concede a Policía, Guardia Civil y Mossos- para impedir una votación que había sido declarada ilegal. Este es el marco jurídico con el que salió el sol el pasado domingo, 1 de octubre, en Cataluña.

En ese marco jurídico y en un marco político cercano a la histeria, miles de policías y guardias civiles llevaban en Cataluña varias semanas, desplazados desde sus bases por el Ministerio del Interior. No solo UIP, UPR, GRS y otras unidades de seguridad ciudadana, sino también centenares de agentes de información y policía judicial, que estos días han hecho lo posible por evitar la consulta ilegal. Fueron estos agentes los que intervinieron millones de papeletas y sobres en la empresa Unipost -además del contrato de siete millones de euros que la Generalitat pagó a esta compañía- y los que en las horas previas a la llamada a las urnas desmantelaron el centro de comunicaciones y recuento de votos previsto por el Govern, dando un golpe definitivo a la infraestructura del referéndum y haciendo imposible una consulta con mínimas garantías. Este golpe propició que a primera hora del domingo, los padres del referéndum anunciasen que habría un censo único, que no hacían falta sobres y que uno podría llevar la papeleta desde casa. Y ese golpe hizo posible que quien quisiese, votase dos, tres o las veces que quisiera.

La maquinaria del Estado -judicial y policial- lleva en marcha semanas para impedir el plan que los políticos secesionistas catalanes pensaban sacar adelante bajo cualquier circunstancia. Y de esa maquinaria formaban parte -ese era el mandato legal- también los Mossos d’Esquadra, la que desde hace años es la policía integral en Cataluña. A ellos se les encomendó también la misión de hacer lo posible para impedir el referéndum. Pese a la tibieza con la que su responsable recibió las órdenes judiciales y pese a que sus agentes no precintaron los colegios antes del 1-O, los mandos de la Guardia Civil y de la Policía nunca pensaron que la inacción de los agentes autonómicos llegase al punto que llegó el domingo por la mañana. Probablemente porque los Mossos se han ganado un prestigio entre sus colegas, con quienes han realizado exitosas operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado e incluso el terrorismo. O probablemente por el perfil de hombre de ley y orden del mayor Trapero -que en otras ocasiones no solo no se ha plegado, sino que se ha enfrentado a quienes han sugerido que los mossos desobedeciesen las leyes. Lo cierto es que nadie esperaba una dejación de funciones como la que la policía autonómica catalana protagonizó el domingo, impropia de su historia y de su carácter de fuerza de seguridad. El dispositivo Ágora -así le llamaron los Mossos a la operación previa al 1-O- consistió en su capítulo final en enviar a agentes en parejas, sin apoyo de unidades antidisturbios -se dio la jornada libre a más de la mitad de la Brimo- a los colegios, que poco o nada podían hacer para impedir que se votase.

En ese escenario, los responsables del Ministerio del Interior dieron la orden a Policía y Guardia Civil de hacer el trabajo que los mossos no estaban haciendo y que, incluso en algunos casos, dificultaron. Ya conocemos el balance: unos 90 colegios cerrados por las fuerzas de seguridad y, según el Govern, más de 800 heridos a consecuencia de las cargas y unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Horas después de esas cargas, los políticos secesionistas anunciaban con un boato impropio de la esperpéntica consulta la abrumadora victoria del sí a la independencia.

¿Para qué se envió a Policía y Guardia Civil a requisar urnas a sabiendas de que no se iban a poder requisar todas las que circulaban por Cataluña y que, por tanto, se iba a hacer este símil de consulta? ¿Para qué se hizo pagar a Policía y Guardia Civil el coste de imagen que se le ha hecho pagar cuando se sabía que el Govern iba a anunciar el resultado que anunció en cualquier caso? ¿Por qué se decidió intervenir para acabar con un referéndum con el que ya se había acabado con la intervención de la Guardia Civil en el centro de comunicaciones del Govern? ¿Es que nadie pensaba que la actuación de UIP y GRS iba a dejar heridos?

He leído y oído muchas cosas sobre la actuación de Policía y Guardia Civil en la jornada del 1-O. Las instrucciones que tenían era dar protección y seguridad a sus compañeros de policía judicial, quienes ejecutarían la requisa del material (urnas, papeletas…), tal y como estipulaba la orden de Fiscalía de la que hablaba al principio. Policías y guardias se encontraron con colegios donde se les impidió entrar. Y entraron con la fuerza que las leyes les legitiman para usar. La misma fuerza que las mismas leyes legitiman usar a los mossos y que ellos decidieron no usar.

¿Qué habría pasado si Policía y Guardia Civil no hubiesen actuado ayer? Personalmente, creo que exactamente lo mismo que ocurrió. Los secesionistas habrían anunciado el mismo resultado de su aquelarre independentista disfrazado de consulta democrática y hubiesen seguido adelante con su plan. Entonces, ¿por qué?, ¿para qué? Policía y Guardia Civil van a pagar un enorme coste por su actuación en el 1-O y no hablo de coste judicial. Las cargas, los empujones, las avalanchas y los cristales rotos serán para siempre una imagen recurrente y difícil de borrar. Para una buena parte de los catalanes, Policía y Guardia Civil ya no serán sus fuerzas de seguridad. Y eso es casi irreparable. En las últimas horas, decenas de policías y guardias civiles han tenido que abandonar sus hoteles en Cataluña por las presiones que los propietarios de los establecimientos sufren de sectores independentistas y se han vivido los primeros enfrentamientos en la calle. ¿Por qué? ¿Para qué?