«Es necesario comprender al prójimo. Hay que tener en cuenta las especificidades culturales y religiosas de un país como el nuestro». Son palabras del embajador de Mauritania en España, Sidi Mohamed Ould Boubcar, que está molesto porque la Audiencia Provincial de Cádiz está juzgando a tres compatriotas. No cometieron más delito que –el matrimonio que se sienta en el banquillo– obligar a su hija de 13 años a casarse y a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40 años –el tercer procesado–. El diplomático invocó a la cacareada alianza de civilizaciones para pedir comprensión ante una costumbre completamente normal en su país. No me extraña que el embajador esté enfadado. ¿Cómo es posible que estos jueces de Cádiz no hayan respetado el multiculturalismo y las ancestrales tradiciones del pueblo mauritano? ¿Cómo no han podido comprender que en Mauritania el único estado de derecho que funciona es el de la sharia, es decir, la ley islámica? ¿Cómo no pueden entender ni jueces ni fiscales que si una niña de 13 años no quiere meterse en la cama con un tipo de 40 elegido por sus padres debe ser lapidada? ¿Dónde están los comunicados de protesta de la Casa Árabe? ¿Y el artículo de Gemma Martín Muñoz pidiendo respeto por el Islam y tachando de islamófobos, racistas y perritos falderos de George Bush a los que nos gusta más la cultura occidental, en la que una niña no se puede casar ni mantener relaciones sexuales con nadie?
Leo las crónicas del juicio en ABC y en El País. Leo que la víctima de esta historia, Selamha Mint Mohamed, que ahora tiene 16 años, tuvo que declarar por videoconferencia. Leo cómo contó que su padre le dijo que iba a ser lapidada y que él iba a tirar la primer piedra. ¿Quién es ese padre? ¿Acaso un hombre recién llegado de la lejana Mauritania, incapaz de comprender nuestra cultura? No, ni mucho menos. Leo que se trata de un tipo que lleva dos décadas viviendo en Puerto Real (Cádiz), pero que ni siquiera habla castellano. Que tiene otros dos hijos, nacidos en España, pero que se ha negado a que sean españoles.
El caso es la historia del fracaso de las políticas equidistantes, de las políticas que abogan por el multiculturalismo, por la integración sin exigencias, por el complejo de culpabilidad que arrastramos en Occidente y por la permisividad con conductas inadmisibles. El fiscal pide 16 y 17 años de prisión para los padres de la niña y 10 para el marido. Espero que la justicia, nuestra justicia, haga caer todo el peso de la ley sobre los tres y que nuestro país proteja a Selamha y a todas las Selamhas que lleguen a España.